ABORTO EN COLOMBIA: HEMOS AVANZADO, PERO PERSISTEN LAS BARRERAS
Cristina Rosero Arteaga
Abogada de Women’s Link Worldwide*
Rosario** tenía 16 años cuando se enteró de que estaba embarazada. Un
profesional de la salud le explicó que por su estado de salud podía acceder a
la interrupción voluntaria de su embarazo. Sin embargo, cuando fue al obstetra,
se llevó una sorpresa. Este la mandó a un siquiatra para que se arrepintiera de
su decisión.
Como si fuera poco, en su entidad promotora de salud (EPS) la enviaron
durante mucho tiempo de un médico a otro y ninguno estuvo dispuesto a
practicarle el procedimiento. Cuando finalmente pudo acceder a un aborto,
gracias a una queja que ella y su mamá interpusieron en el Ministerio de Salud,
las enfermeras le dijeron que se iba a ir para el infierno y le acercaban bebés
para hacerla cambiar de opinión.
Esta historia, que fue conocida durante una investigación que realizó
Women’s Link Worldwide (una organización internacional que trabaja por los
derechos humanos de las niñas y las mujeres) les pasa a muchas mujeres
colombianas cuando buscan acceder a un aborto legal, digno y seguro. Una
decisión que debe recaer exclusivamente sobre ellas, sigue cargada de
prejuicios y obstáculos que ponen en peligro su salud y su vida.
Es indudable que hace 12 años, gracias a la histórica Sentencia C-355
del 2006, Colombia asumió un liderazgo regional en materia de garantías de los
derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres al despenalizar el
aborto en tres circunstancias (que nunca está de más recordar): cuando la salud
o la vida de la mujer están en riesgo, cuando se presente una incompatibilidad
del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de una
violación o incesto.
Eso hay que celebrarlo. Son 12 años en los que las mujeres han podido
optar por interrumpir su embarazo en tres casos. Sin embargo, es imposible
negar que aún después de tanto tiempo persiste una gran cantidad de barreras
que les impide acceder a un derecho que les fue reconocido. Todos los años
denunciamos lo mismo, pero poco cambia. Y lo seguiremos haciendo hasta que las
mujeres en Colombia no encuentren más impedimentos.
Doce años después, hay muchas personas que no conocen el derecho que
tienen las mujeres a interrumpir su embarazo en tres circunstancias. De acuerdo
con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015, en zonas urbanas, el
60 % de la población sabe que las mujeres tienen esta posibilidad, en
comparación con el 40 % en las zonas rurales. Por nivel educativo, solo el 11 %
de las personas sin educación lo saben, en comparación con el 72 % de la
población con educación superior.
Las brechas y los vacíos en información son enormes. Hay mucha
pedagogía por hacer y aunque esta es una de las obligaciones que tiene el
Estado, todas las personas que conocemos la sentencia podemos contribuir.
Cuando las mujeres conocen sus derechos, pueden exigirlos.
Pero los obstáculos no se detienen allí. A la falta de información se
suma la del acceso al servicio. Las demoras en la asignación de citas para
cualquier servicio de salud son una gran barrera y una carrera contrarreloj
para las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo por cualquiera de las
tres circunstancias permitidas en el país.
Todavía muchas EPS presentan dilaciones injustificadas. A pesar de ser
una práctica prohibida, con tal de demorar la prestación del servicio, ponen a
pasear a las mujeres por hospitales, mientras encuentran un médico que esté
dispuesto a practicar el procedimiento. Como consecuencia, llegan a edades
gestacionales avanzadas en las que enfrentan aún mayores barreras.
La situación es peor para las que viven en regiones alejadas de las
grandes ciudades. Y ni qué decir de las barreras que enfrentan las mujeres que
están en situación de pobreza, son afro o indígenas o son víctimas de violencia
sexual. En muchos casos, la falta de centros de salud adecuados, de personal
médico y de equipos que permitan hacer los exámenes necesarios hace que las
mujeres tengan sus primeros controles prenatales en edades gestacionales
avanzadas y, en caso de necesitar una interrupción voluntaria del embarazo, se
vean sometidas a nuevas barreras.
Sin dejar de reconocer lo avanzado. Sin dejar de reconocer que desde
hace 12 años muchas mujeres han podido elegir, sabemos que hay muchas otras que
no, aun cuando tienen derecho a hacerlo. Por ellas, hace dos semanas, junto a
varias organizaciones que defendemos los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, hicimos un llamado al Estado para que facilite la información, el
acceso, la disponibilidad y la calidad en la atención de los servicios de
aborto de la misma forma en que se puede acceder a otros servicios de salud.
Estaremos vigilantes.
* Nombre cambiado para proteger la identidad de la mujer
